Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en las sedes judiciales

La Guía de Buenas Prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales forma parte del Protocolo de Actuación para la Reactivación de la actividad judicial y salud profesional adoptado por el Consejo General del Poder Judicial.

Recoge, en esencia, los aspectos de prevención de riesgos profesionales en el contexto de emergencia y crisis sanitaria Covid-19. Este documento cumple varias finalidades.

En primer término, informa y describe un conjunto de buenas prácticas para la protección de salud y prevención de riesgos de contagio en sedes judiciales y cuando se practiquen actuaciones fuera de dicha sede, cuyos destinatarios son los miembros de la carrera judicial.

En segundo término, en la Guía se deja constancia de los ámbitos competenciales para la adopción de dichas medidas. Hay ámbitos de competencia exclusivos de los órganos de gobierno (en particular, Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional), y otros son inherentes a las Comisiones de Seguimiento territoriales constituidas por el Consejo General del Poder Judicial en el marco de la estructura organizativa para afrontar la pandemia Covid-19. Igualmente, hay ámbitos de competencia exclusivos de las Administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y CCAA competentes en materia de justicia).

Y, por último, la Guía también deja constancia de buenas prácticas que deben llevarse a cabo de manera coordinada al existir espacios comunes en los que concurren los deberes de seguridad y salud del CGPJ y de las Administraciones prestacionales. En las sedes judiciales, y excepcionalmente fuera de ellas, se realizan actuaciones procesales y gubernativas, en las que participan simultáneamente miembros de la carrera judicial, con fiscales, LAJ, funcionarios y personal de la Administración de Justicia, profesionales (abogados, procuradores, graduados sociales), fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario y usuarios de la Justicia. Estas actividades demandan una actividad de coordinación por parte del CGPJ y los órganos de gobierno con todas las administraciones prestacionales implicadas.