Abogados creen que debe crearse una Unidad de Apoyo para el juzgado de Núñez

Apuestan por dividir las ‘macrocausas’ en piezas separadas para evitar dilaciones indebidas

José Joaquín Gallardo, decano del ICAS, considera necesario que el CGPJ constituya una Unidad de Apoyo para Causas Complejas que preste auxilio al Juzgado de Instrucción número 6 dadas las numerosas ‘macrocausas’ que tramita, por lo que esa oficina judicial debiera contar con la primera Unidad de ese tipo que se constituya en España a partir del próximo 1 de octubre, cuando entre en vigor la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que autoriza ese nuevo tipo de auxilio a órganos judiciales.

Gallardo entiende también que las ‘macrocausas’, en general, “deben escindirse en piezas separadas para posibilitar el enjuiciamiento sin dilaciones indebidas” de los afectados y para que “la tramitación de algunas de las piezas no dificulte el avance de otras”, siempre que en el caso concreto “sea posible enjuiciar separadamente las conductas de los diversos encausados”. Destaca que ese Juzgado es “emblemático en toda España en cuanto a acumulación de causas complejas y subsiguientes demoras en su tramitación”, por lo que estima imprescindible que se le dote de los medios excepcionales que la nueva legalidad permitirá a partir de octubre. Y es que, según ha indicado, en las llamadas ‘macrocausas’ es necesario “compaginar el derecho de la sociedad a que se investiguen hechos presuntamente constitutivos de delito con el derecho de los ciudadanos afectados a que se les dispense un proceso judicial sin dilaciones indebidas”.

En este sentido, ha defendido que la división en piezas separadas es una “medida elemental” en derecho procesal penal cuando con ella “no se rompe la continencia de la causa”, pues en ese tipo de procesos “es especialmente necesario armonizar los principios rectores del derecho procesal penal con las exigencias constitucionales de evitar dilaciones indebidas y posibilitar un proceso con todas las garantías”. “No son admisibles causas cuya instrucción se dilata durante muchos años, porque ello es la negación de las garantías básicas del sistema y genera lógica decepción en la ciudadanía”, que “ve cómo pasan los años y no se decide si las personas imputadas son o no responsables de algún concreto hecho delictivo”, ha dicho.

De este modo, “en cualquier ‘macrocausa’ el juez instructor ha que conciliar todos los intereses jurídicos en juego atendiendo a las circunstancias del caso, procurando evitar que las investigaciones se eternicen y que los imputados padezcan durante muchos años esa condición procesal antes de ser juzgados”.

EL CASO DE RODRIGO RATO

El decano ha indicado, asimismo, que el hecho de que en España se esté tramitando un número importante de ‘macrocausas’ y causas por corrupción “nos está haciendo reflexionar sobre este tipo de procesos y sobre cómo se han de tratar penal y mediáticamente”, pues son asuntos que “causan un grave daño al honor, la imagen y la dignidad de las personas afectadas”. Gallardo, al hilo, ha reivindicado el derecho de “todo detenido a serlo en las condiciones en las que menos se vea perjudicada su propia imagen, dignidad y presunción de inocencia”, algo que “hay que exigir para todos los ciudadanos y no sólo para los de relevancia pública”. “La fotografía de Rodrigo Rato con la mano en la nuca es muy significativa, porque refleja gráficamente la situación absolutamente injusta que en ocasiones padecen los ciudadanos que son detenidos”, ha dicho. “Situaciones como esa son intolerables, sea el detenido el señor Rato u otro de los ciudadanos anónimos que a diario son conducidos a los órganos policiales y judiciales”, ha aseverado el decano, quien ha insistido en que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las detenciones “han de practicarse en el modo y forma que menos perjuicio cause a los derechos de la persona detenida”, pues “por encima de los protocolos policiales y circulares internas sobre el modo de efectuar las detenciones está la ley con su clara literalidad, que ciertamente muchas veces no se respeta debidamente”.

 

OPERACIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El decano ha abogado, asimismo, por “alzar la voz con contundencia ante el hecho absolutamente indignante de que en muchas ocasiones las intervenciones judiciales y policiales se desarrollen previo aviso a los medios de comunicación, denigrando así injustamente a los ciudadanos que son detenidos e incluso a veces poniendo en riesgo la propia investigación”. “Estas prácticas son inadmisibles, pues se ha de conciliar el derecho a la información y el derecho a la dignidad de las personas ya que aquel no puede primar sobre este”, ha manifestado el decano de los letrados sevillanos, quien ha opinado que “hay que reclamar a toda costa que socialmente se respeten los derechos fundamentales de las personas y que la ciudadanía comprenda que un imputado no es más que una persona a la que se está investigando, pero que mantiene intacta en plenitud su presunción de inocencia”.

De este modo, Gallardo ha lamentado que “hay determinados personajes públicos de la vida social, artística o política que además están padeciendo o han padecido en sus propias carnes un espectáculo mediático indigno, y eso es sencillamente vergonzoso en un estado de derecho”. “Con la ley orgánica del derecho de defensa, que estamos impulsando desde el Consejo General de la Abogacía, queremos que se acentúen las garantías del derecho de defensa y también las garantías del ciudadano, para que no sea posible pisotear sus derechos fundamentales en cualquier operación policial o judicial que tenga una cierta relevancia pública”, ha concluido.

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