Los abogados creen “improcedente” la prohibición de compartir defensa

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquin Gallardo, ha dicho que es “manifiestamente improcedente” que la juez del caso de los ERE impida a varios imputados elegir como defensor al mismo abogado, algo que “carece de justificación fáctica y legal”. Dicha decisión de la juez Mercedes Alaya, contenida en un auto del pasado 30 de julio, “implica vulnerar gravemente el derecho de todo imputado a valerse para su defensa del letrado de su libre designación”.

La juez Alaya ha prohibido a trece altos cargos o ex-altos cargos de la Junta imputados en los ERE compartir defensor, basándose en una “hipotética y eventual contraposición de intereses entre personas defendidas por el mismo letrado“, ha recordado Gallardo, pero ha añadido que “resulta extemporáneo y precipitado adivinar ahora si se puede llegar a producir o no en el futuro esa incompatibilidad”.

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquin Gallardo, ha dicho que es “manifiestamente improcedente” que la juez del caso de los ERE impida a varios imputados elegir como defensor al mismo abogado, algo que “carece de justificación fáctica y legal”. Dicha decisión de la juez Mercedes Alaya, contenida en un auto del pasado 30 de julio, “implica vulnerar gravemente el derecho de todo imputado a valerse para su defensa del letrado de su libre designación”.

La juez Alaya ha prohibido a trece altos cargos o ex-altos cargos de la Junta imputados en los ERE compartir defensor, basándose en una “hipotética y eventual contraposición de intereses entre personas defendidas por el mismo letrado“, ha recordado Gallardo, pero ha añadido que “resulta extemporáneo y precipitado adivinar ahora si se puede llegar a producir o no en el futuro esa incompatibilidad”.

“En este momento y en este caso, ello no es mas que un mero futurible, al igual que el que se produce en todos los demás asuntos penales en los que un mismo letrado defiende a varios acusados”, ha dicho el decano de Sevilla.

Para Gallardo, la instructora “se ha precipitado y ha errado al entender desde este primer momento que las defensas sean incompatibles”, si bien está convencido de que la propia juez Alaya o en su defecto la Audiencia provincial “retificarán ese error que atenta gravemente al derecho fundamental a la defensa de los interesados e incluso a la honorabilidad de los letrados que han aceptado esas defensas múltiples”.

La decisión judicial afecta en concreto a los imputados defendidos por seis letrados pero dados los términos del auto “supone una desconfianza genérica e incluso una falta de respeto hacia la abogacía, pues la instructora presupone injustificadamente que esos seis distintos letrados habrían incurido todos ellos en la grave irregularidad de aceptar la defensa de intereses contrapuestos”.

En realidad, la irregularidad consiste en que “se exija a esos imputados renunciar al letrado al que libremente han querido confiar su defensa cuando no existe absolutamente ninguna razón para ello y ni tan siquiera en este momento fundada sospecha de que, en el futuro, pueda evidenciares una hipotética contraposición de intereses”, a juicio del decano.

Ha añadido que, si en el futuro se evidenciase incompatibilidad en las defensas de este asunto, como en cualquier otro donde un mismo letrado asesore a varios acusados, “sería ese el momento procesal para exigir asistencias jurídicas distintas”.

Ello suponiendo que antes no fuese el propio letrado quien renunciase a alguna de las defensas, “como le impone la normativa legal y deontológica cuando se evidencien intereses real y verdaderamente contradictorios”, como señala Gallardo.

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