La Abogacía Española exige que sea preceptiva la asistencia de Abogado en todas las separaciones y divorcios, incluso las notariales

El pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunido hoy en Cádiz, ha acordado instar al Ministerio del Interior a que “sin más demora” firme el convenio que posibilita la asistencia jurídica gratuita en las cárceles andaluzas, suspendida desde hace 15 días.

José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla y portavoz del Consejo, ha comentado que “debe ser desbloqueada la próxima semana ya que se están acumulando solicitudes y muchos internos están dirigiendo instancias a la dirección general de Instituciones Penitenciarias pidiendo el restablecimiento del servicio”.Para la abogacía andaluza, este servicio es “especialmente emblemático y básico en un estado social de derecho, por lo que su funcionamiento no puede quedar supeditado a exigencias presupuestarias de déficit público”, ha dicho Gallardo. Ha añadido que “sería vergonzoso mantenerlo suspendido cuando sus beneficiaros son internos carentes de recursos y privados además de libertad”.

El Consejo Andaluz, reunido en Cádiz con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812, ha constatado que el servicio que prestan desde hace más de diez años contabilizó en 2011 un total de 10.404 asistencias por parte de los 1.077 letrados especializados que voluntariamente se encuentran adscritos al mismo en toda la comunidad. Se trata de servicios financiados por la Junta de Andalucía y que prestan los Colegios de Abogados en virtud de un acuerdo tripartito suscrito también por el Ministerio del Interior como responsable de las cárceles. El coste total de ese servicio en toda Andalucía fue de 422.800 euros en 2011 y en el año en curso estaban previstos 397.600 euros, cantidad que la Junta tiene a disposición de los colegios pero se hace precisa la firma de una adenda por el Ministerio del Interior, ha explicado el portavoz de los abogados andaluces.

La Asociación pro Derechos Humanos (APDH) ha cifrado en 16.292 las personas presas en las cárceles andaluzas que se han visto afectadas por la no renovación de un convenio.

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