El Colegio de Abogados anticipa a letrados 394.000 euros por las guardias a detenidos del tercer trimestre de 2013

El Colegio ha anticipado a finales de la pasada semana a los letrados 394.002 euros en pago de las guardias de asistencia a detenidos prestadas durante el tercer trimestre del pasado año 2013, lo que constituye el cuarto anticipo de pago consecutivo efectuado por la institución colegial en su política de aminorar los efectos que produce en numerosos despachos la “demora” en los pagos “en que viene incurriendo” la Junta de Andalucía.

El decano, José Joaquín Gallardo, ha destacado que con este nuevo anticipo de pago se logra que los abogados sufran a la presente fecha la menor dilación en los pagos de los últimos cinco años, estando previsto además que en el primer cuatrimestre de 2014 la Junta atienda y finiquite la totalidad de los servicios de asistencia jurídica gratuita acreditados durante 2013.

De este modo, con el anticipo de pago materializado, se retribuyen 3.443 guardias de 24 horas prestadas por 1.196 abogados sevillanos en el tercer trimestre de 2013, tanto en dependencias policiales como judiciales de toda la provincia, especialmente en cuarteles, comisarías y juzgados de guardia.

Gallardo ha puesto de manifiesto la “enorme” importancia de los servicios que prestan los abogados cuando están de guardia o en turno de oficio, ya que ello supone más del 65 por ciento de los juicios penales que se celebran a diario y un 80 por ciento de las declaraciones prestadas por los detenidos tanto en sede policial como judicial.

No obstante, ha lamentado que desde la Junta “no se valore adecuadamente” la importancia de este servicio público “esencial” para la Administración de Justicia que prestan los abogados por retribuciones “manifiestamente insuficientes” y que, además, se abonan “con grandes retrasos”, lo que justifica la puesta en marcha de esa política de anticipos de pago que “tan buenos resultados” está dando.

Gallardo ha reivindicado la necesidad de que la Junta revise este año, no sólo las “exiguas” retribuciones de esos servicios, sino también su contribución con fondos públicos al mantenimiento de los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados, ya que estos “son esenciales” para el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y “desgraciadamente” suponen un importante coste económico para esas corporaciones profesionales, coste que “sólo en un mínimo porcentaje es atendido por la Junta”.

Y es que por el concepto de gastos de funcionamiento “paga a los colegios sólo la mitad del coste efectivo de esos servicios que se prestan a los ciudadanos que acreditan insuficiencia de recursos económicos”.

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