PRESENCIA DEL ICAS EN EL XIX CONGRESO DE LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (UIBA).

SOBRE LA UIBA

La Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, con sede permanente de su Secretaría en Madrid, está integrada por la representación de cerca de 250 Colegios de Abogados de Iberoamérica (incluyendo a España y Portugal) y reúne a casi un millón de abogados de los dos continentes.

La estructura organizativa de la UIBA está formada por la Asamblea General o Congreso de Representados; el Consejo de Delegados, con representación de todos los países; la Presidencia, ostentada por Luis Martí Mingarro; cinco vicepresidencias, correspondientes a Carlos Andreucci de Argentina, Roberto Busato de Brasil, Arnoldo Ortiz Moscoso de Guatemala, Luis Ortiz Quiroga de Chile y Raúl Izurieta de Ecuador; y una Secretaría General, sustentada por Javier Quijano Baz de México.

Con motivo del Congreso y por decisión unánime del Consejo de Delegados --a propuesta del Ilustre y Nacional Colegio de México, anfitrión del Congreso-- ha reelegido por unanimidad como Presidente al ex decano del Colegio de Madrid, Luis Martí Mingarro, por un periodo de cuatro años; e idénticamente todos y cada uno de los señalados cargos han sido prorrogados un nuevo mandato.

XIX CONGRESO

El Congreso coincidió con el 250 aniversario de la fundación del Ilustre y Nacional Colegio de México y congregó a casi 400 personas en representación de los 21 países que integran el área iberoamericana.

Entre los temas principales de debate figuraron: colegiación obligatoria; secreto profesional y ética de la abogacía; derecho de defensa ante el Estado; acceso a la Justicia y defensorías sociales; Justicia y sistemas penitenciarios; mediación y arbitraje comercial internacional.

La abogacía española estuvo representada por el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, por el secretario general del Consejo, Joaquín García Romanillos, los diputados de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid: José María Alonso, Juan Antonio Cremades y José Ignacio Rodríguez; los abogados Rafael de Mendizábal Allende y Rafael del Rosal; el ex presidente de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), Fernando Pombo. El ICAS tuvo representación a través del diputado cuarto de la Junta de Gobierno, Alfonso Martínez del Hoyo.

Ciertamente, la participación en un Congreso UIBA posibilita una aproximación directa a las realidades sociales, muy diversas, en que tiene lugar el día a día del ejercicio de la abogacía en los países iberoamericanos; y permite constatar hasta qué punto realmente no somos conscientes de las condiciones, siempre mejorables pero en términos relativos de auténtico privilegio que disfrutamos los abogados en España y los países de nuestro entorno.

‘Como muestra un botón’ y quien suscribe no se resiste a compartir las conclusiones de la Mesa en la que actuó como relator: “Acceso a la justicia y defensorías sociales”.

CONCLUSIONES DE LA MESA “ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSORÍAS SOCIALES”.

1. A partir de una realidad formal constituida por las declaraciones en los grandes Tratados relativas, con el carácter de fundamental, al derecho de acceso a la justicia, y la incorporación del mismo, con carácter general, a cada uno de los textos constitucionales nacionales, y a partir asimismo de las inequívocas declaraciones tanto por parte del Tribunal Europeo DDHH como de la Corte Interamericana DDHH en el sentido de que las situaciones de no acceso a la justicia por parte de personas en función de su falta de medios económicos son contrarias y violan tanto la Convención Europea como el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, es sin embargo constatable una realidad material de sustanciales carencias, excepciones y condicionamientos a la hora de la efectiva implantación, ejercicio y disfrute de aquél derecho fundamental por parte de la generalidad de los ciudadanos.

2. Con el carácter de consecuencia necesaria, habida cuenta el significativo y a veces dramático desajuste entre derecho ciudadano y correlativo deber estatal en cuanto al Acceso a la Justicia, surge una responsabilidad social de la Abogacía .

3. En frecuentes contextos de desigualdad social extrema que provocan la desesperación de muchos ante la entera falta de horizontes y expectativas personales y familiares, o en que quienes carecen de lo básico en orden a una subsistencia digna no conciben siquiera nociones tales como las de acceso a la justicia, seguridad jurídica, debido proceso..., afloran situaciones en que de hecho se ignora o se soslaya o se hace virtualmente inviable el pacto social básico de cesión individual del monopolio de la violencia al Estado, y, por cierto, nace óptimo caldo de cultivo para el surgimiento de líderes mesiánicos y regímenes de gobierno donde, desde el populismo y el abuso, las libertades y garantías ciudadanas son puestas en franco riesgo cuando no resultan directamente laminadas.

4. A la Abogacía, tanto desde perspectiva individual y por el mero hecho de ser abogados, como desde perspectiva colectiva y a través de las organizaciones colegiales de que nos dotamos, cabe una auto-exigencia que, si habitualmente la calificamos como deontológica y la canalizamos a través de los correspondientes códigos de tal carácter, bien mirada constituye en realidad elemental deber de retorno a la sociedad , por la vía del gran pacto cívico del que surge nuestra profesión; deber de retorno de sólo una parte, y reconozcamos que mínima, de lo mucho que recibimos de aquélla.

Tal auto-exigencia nos lleva a la creación y organización colegial de sistemas de defensoría social que pasan por garantizar a los ciudadanos pobres en sentido legal el disfrute en condiciones de gratuidad de servicios de asesoramiento y defensa legal; defensoría social y asistencia legal gratuita que pueden convivir, o no, con sistemas de defensoría pública, y que, a partir de la esencial gratuidad para el ciudadano pobre, pueden tener, o no, una contraprestación económica por parte de los poderes públicos en favor del abogado, o bien algún sistema de ayudas indirectas, o bien ninguna contraprestación directa o indirecta más allá de la pura satisfacción moral del abogado/a, cuya actuación en beneficio de los más desfavorecidos alcanza en este caso un cenit en dicha auto-exigencia ética de la profesión que debe ser públicamente reconocido.

5. La Mesa acuerda proponer que la UIBA inste a los Estados a que, a través de los correspondientes organismos otorgantes de justicia gratuita y mediante la precisa colaboración y coordinación con los Colegios de Abogados, se implementen los medios necesarios en orden a que la justicia gratuita se conceda a todos los ciudadanos que la necesiten, al tiempo que, para favorecer la progresiva la universalización del servicio, se adopten los controles en orden a que dicha justicia gratuita se otorgue solamente a los justiciables legítimamente acreedores de la misma.

6. Vistas las distintas realidades que los Ponentes han puesto de manifiesto en relación a sus respectivos países, pero evidenciado por todos ellos un positivo reconocimiento en cuanto a la labor de nuestra Unión a través de la Dirección de Proyectos, así como en cuanto al personal esfuerzo e implicación de su responsable, se constata pues la necesidad y la Mesa acuerda proponer que la UIBA implemente los medios en orden no ya sólo a mantener los actuales esfuerzos, sino a incrementar decididamente las acciones e iniciativas en relación a la progresiva extensión y efectiva implantación de sistemas de defensoría social que garanticen al ciudadano sin medios el disfrute gratuito de los servicios de asesoramiento y defensa legal.

ICAS Y UIBA: PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Resulta sinceramente difícil trasladar en qué forma cálida y agradecida, desde qué conmovedor afecto ha sido acogida la presencia del ICAS en este XIX Congreso de la UIBA: desde luego que por parte de nuestros compañeros españoles y en modo singularmente entrañable nuestro querido Luis Martí Mingarro, pero asimismo por la generalidad de representantes de las abogacías iberoamericanas.

Esa calurosa bienvenida, y sin desdeñar una consideración al rol protagónico que históricamente cupo a nuestra ciudad en la relación con Iberoamérica, nos llevan obligada e inevitablemente a ciertas constataciones: el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla tiene un lugar natural e irrenunciable dentro del Consejo de la UIBA; el ICAS puede y debe involucrarse en los proyectos de ayuda, formación y apoyo a las abogacías hermanas iberoamericanas; el ICAS puede y debe, en la medida de sus posibilidades, sumarse al ICAM y aportar su propio peso institucional, favoreciendo y coadyuvando a que de manera efectiva la UIBA progrese en la implementación de trascendentes apoyos a la profesión y ambiciosos objetivos sociales planteados a través de su Dirección de Proyectos.

En esa dirección esperamos que podrán proyectarse nuevos esfuerzos desde ahora por parte del ICAS: a través de la Comisión de Relaciones Internacionales como de la Comisión de Derechos Humanos.

Y como actual responsable de las mismas, déjenme decir para terminar que ‘todas las manos son pocas’ en orden a cubrir nuestros ambiciosos objetivos. Ambas comisiones están abiertas y serán muy bienvenidos los compañeros/as que deseen unirse y participar en nuestras actividades [cri@icas.es; cdh@icas.es].

ALFONSO MARTÍNEZ DEL HOYO