El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha acordado en su última reunión solicitar a la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía que proceda "de inmediato" al pago correspondiente a las asistencias letradas a detenidos prestadas por los abogados andaluces durante el primer trimestre del presente año 2009, que ascendió a 2.661.684,67 euros.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano de los letrados sevillanos, José Joaquín Gallardo, criticó la "demora" en el pago que se viene produciendo por parte de la Junta, "que no ha satisfecho" a fecha de hoy las guardias de asistencia a detenidos prestada en sede policial y judicial por los letrados andaluces, que ascienden en total a 6.016.

En este sentido, José Joaquín Gallardo puso de manifiesto que, teniendo en cuenta los tres primeros trimestres del presente año 2009, la retribución ascendería a 7.778.006,48 euros, requiriendo al departamento de Begoña Álvarez para que abone "inmediatamente" el pago correspondiente al primer trimestre del presente año, que asciende a 2.661.684,67 euros.

Al hilo de ello, lamentó también que la Consejería de Justicia "haya dejado pasar todo este año sin determinar el número de letrados de guardia que, cada día, deben prestar servicio en cada de uno de los once colegios de abogados andaluces", los ocho provinciales más los de Jerez de la Frontera (Cádiz), Lucena (Córdoba) y Antequera (Málaga).

Así, aseveró que las propias instituciones colegiales "se han visto obligadas a mantener el número de abogados del año anterior, que ya de por sí es insuficiente, para una adecuada prestación del servicio", destacando que desde los colegios profesionales "se ha velado en todo momento por no perjudicar a los andaluces ni obstaculizar el funcionamiento de la maquinaria judicial", todo ello "a pesar de que la Consejería aún no ha desarrollado el reglamento de asistencia jurídica gratuita que entró en vigor el 1 de enero de 2009".

Por último, Gallardo reclamó a la Administración autonómica que "regularice la situación de ese servicio de guardia para el año en curso y también para el próximo año 2010, ya que no existe ninguna previsión al respecto en cuanto al número de letrados que deben prestar el servicio en cada provincia".