El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha dicho hoy que la huelga de jueces, en el momento actual, sería "precipitada" y "podría acabar deteriorando aún más la imagen de la Justicia", por lo que considera más eficaces las protestas de "intensidad creciente".

Gallardo ha manifestado a Efe que "las carencias de toda índole que padece la Justicia son escandalosas y exigen que todos reivindiquemos conjuntamente mejoras urgentes y una planificación seria, para lograr que a medio plazo se modernice por fin la anticuada estructura de la maquinaria judicial".

Cree que una huelga de jueces como la que han acordado las asambleas de Madrid, Barcelona, Sevilla y otras provincias "no debe descartarse como opción última, pero ahora resultaría precipitada ya que podría restar fuerza a las legítimas pretensiones de la judicatura".

Según Gallardo, que también es uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía española, "por razones de estrategia reivindicativa parecería más oportuno adoptar medidas continuadas de protesta, cuya intensidad se fuese incrementando".

Tal incremento sería progresivo "si el Gobierno no reacciona adecuadamente ante el clamor popular que exige mejoras para posibilitar la prestación de un servicio público de calidad".

José Joaquín Gallardo considera también "obligado, necesario y conveniente que todos los que trabajamos en el ámbito de la Justicia concedamos un voto de confianza al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno de los jueces "en las actuales circunstancias está llamado a desarrollar un papel fundamental y es además el órgano al que corresponde canalizar institucionalmente ante el gobierno las legítimas reivindicaciones de los jueces", ha explicado.

Para el decano de los abogados sevillanos "éste será el año de la definitiva inflexión en la justicia española" porque, tras el "caso Mari Luz", "nadie puede ignorar ya la dramática situación judicial que desde la abogacía veníamos denunciando".

"Ahora, por fin, todos hemos quedado definitivamente concienciados de que en estas circunstancias no es posible tutelar adecuadamente los derechos y libertades de los ciudadanos, ya que la actual maquinaria judicial impide prestar ese servicio público fundamental con las mínimas garantías de calidad y celeridad exigibles en un estado de derecho moderno", sostiene Gallardo.